Así lo ha manifestado CERMI Estatal durante un conversatorio organizado por CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD). La jornada se ha celebrado este jueves, 22 de septiembre, de forma virtual, bajo el título “Aproximación al nuevo marco normativo para la igualdad de trato y la no discriminación: Ley 15/2022”.

 

Con la realización de esta jornada, el CERMI y la FDyD buscan poner a debate el marco legislativo en el que se desarrolla la ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, y su contribución al cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

El acto de bienvenida ha corrido a cargo de la patrona de Cermi Mujeres, Concepción Díaz Robledo; el director general de Derechos de las personas con discapacidad, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, quien ha destacado que la aprobación de esta ley era “perentoria”, porque “en España estábamos huérfanos de un marco normativo que blindara los derechos de las personas”.

 

Durante la intervención de Concepción Díaz Robledo se ha demandado más leyes que garanticen el respeto de los derechos humanos: “vemos que el derecho a ser y derecho a estar desaparece, nos lo quitan, y la dignidad humana se ve afectada cuando no hay regulación”, ha sentenciado. Por su parte, Jesús Martín Blanco ha señalado que “esta ley conecta con la dignidad como valor intrínseco de los derechos humanos”.

 

A su vez, Martín Blanco ha reivindicado la necesidad de eliminar la palabra ‘disminuidos’ de la Constitución, una reclamación histórica del movimiento social de la discapacidad: “queremos consagrar la expresión personas con discapacidad”, ha exigido. “Resulta inasumible e insoportable que nuestra ley suprema se refiera a compatriotas como disminuidos”, ha lamentado. 

 

Asimismo, Jesús Martín ha asegurado que esto “se trata de si España nos ve como disminuidos o como personas”. “No podemos permanecer impasibles ante la sinrazón de este bloqueo político”, ha clamado.  

 

Tras la inauguración, ha tenido lugar una ponencia sobre “las múltiples manifestaciones y caras de la intolerancia y la discriminación en España” impartida por el presidente del movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, quien ha definido la discriminación como “malignidad poliédrica de la que derivan sus diferentes conductas, tales como el crimen de odio o el genocidio”.

 

Ibarra también ha explicado que la intolerancia tiene muchas caras, tales como el racismo y la xenofobia, y el nexo común de todas es “la negación de la dignidad de la persona”. “La respuesta de la comunidad internacional ante esta negación que tuvo lugar en el nazismo ha sido la declaración universal de los derechos humanos”, ha señalado.

 

Del mismo modo, celebra que en la ley se introduzca la cláusula abierta, teniendo en cuenta todas las circunstancias de las personas. Según ha contado, en su trabajo “ha tenido casos en los que no se ha reconocido la discriminación porque no está la palabrita en la ley, tales como la condición genética, aspecto físico, o la condición lingüística”.

 

Para Ibarra, “respetar, aceptar, y apreciar” son los tres elementos clave para la tolerancia: “La intolerancia construye una actitud. Si avanza la intolerancia racista, avanza también la intolerancia capacitista, y si se frena una también se frena la otra”, ha manifestado. 

 

Seguidamente, el catedrático de filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y Patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Rafael de Asís, ha realizado un juicio general sobre la Ley 15/2022.  Asís ha aplaudido que la ley recoja la visión de la igualdad y la no discriminación que está presente en la visión actual de la sociedad: “todos los seres humanos somos iguales, y como tal tenemos los mismos derechos”, ha recordado. 

 

A su vez, ha valorado positivamente que la ley incluya la discriminación por enfermedad como motivo de intolerancia, la segregación escolar, y se ha mostrado satisfecho por la dimensión público y privada de la aplicación de esta ley. 

 

A continuación, se han desarrollado dos conversatorios. El primero de ellos, moderado por la experta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, Ana Peláez Narváez, en el que se ha abordado la visión del Parlamento de la mano del portavoz del Partido Popular en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, María Auxiliadora Pérez Díaz; la diputada del Partido Socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Susana Ros Martínez; la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Sara Giménez Giménez y la portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Derechos sociales y políticas integrales de la discapacidad del Congreso de los Diputados, Marisa Saavedra.

 

Las participantes de esta mesa han realizado una valoración global de este nuevo marco normativo en nombre de cada grupo parlamentario y la consideración de las personas con discapacidad dentro de la ley, punto en el que todas las ponentes han coincidido que esta ley recoge la discapacidad, como una situación protegida al máximo nivel, y, por lo tanto, supone un avance importante de los derechos de las personas con discapacidad.

 

María Auxiliadora Pérez Díaz ha comenzado diciendo que entienden necesario tener una normativa, pero, puntualiza que “compartimos la filosofía y el fondo de la ley porque es transversal, pero desde el inicio dijimos que esta ley tenía que contemplar la seguridad y la libertad jurídica individual de los ciudadanos. Y no lo cumple”. “La norma muestra intencionalidades que generan inseguridad jurídica por su vaga redacción. Es fundamental dejar cuanto menor margen en las interpretaciones para que la norma sea mucho más segura y garantista para todas las personas” ha insistido.

 

Por su parte, Susana Ros Martínez ha puesto en valor esta ley señalando que se trata de “una ley que nos convierte en una sociedad no solo más igualitaria, sino más tolerante”. “Con esta ley, discriminar no saldrá gratis” ha puntualizado. Asimismo, Susana Ros, ha querido destacar que esta ley está impregnada desde el principio hasta el final en el aspecto de la discapacidad. En ese sentido, ha detallado los distintos artículos en los que aparece recogida la palabra discapacidad y su ámbito de aplicación. 

 

Sara Giménez ha valorado positivamente contar “por fin con un marco legal que aborde la no discriminación desde una perspectiva administrativa”. Por último, Marisa Saavedra ha manifestado que “es una ley necesaria y un hito en la defensa de los derechos humanos”. “Esta ley establece principios, normas, sanciones y garantías dirigidas a ampliar los derechos de todas las personas sin excepción” ha mencionado.

 

El segundo conversatorio, moderado por Josefa Torres, secretaria General de Feacem, ha tratado la visión de los movimientos y sectores sociales con la participación de la abogada del Departamento de Igualdad de Trato y lucha contra la discriminación del Secretario Gitano, Mari Carmen Cortés; el especialista de Incidencia política de Save the Children, Álvaro Ferrer Blanco; la presidenta de Help Age, Isabel Martínez Lozano y el presidente de la Comisión de Personas con discapacidad LGTBI del Cermi Estatal, Jesús González Amago.

 

Durante su intervención, los ponentes han destacado los aspectos novedosos de la ley y han realizado una valoración de todos ellos, así como las inquietudes que les suscita dicha norma. Todos ellos han coincidido en que el máximo reto es hacer un adecuado seguimiento, desarrollo e implementación. 

 

Mari Carmen Cortés ha pedido que la ley recoja el antigitanismo, ya que sigue siendo la minoría étnica más importante y más rechazada. Por su parte, Álvaro Ferrer Blanco ha enumerado importantes avances que cumple la ley centrados en aspecto de segregación escolar y discriminación en el ámbito educativo. “Es la primera vez que se habla de segregación escolar”. En cuanto a reivindicaciones, Ferrer Blanco ha comentado ciertas omisiones que han encontrado en la ley y que cree que requieren una reflexión. Por ejemplo, no se recoge la segregación como forma de discriminación, ni tampoco se define la segregación más allá de la escolar, olvidando otras como la del empleo o la residencial.

 

Isabel Martínez Lozano ha aplaudido que la ley recoja la definición de discriminación interseccional, porque “le da valor y garantía a la norma”.  En cuanto a las carencias de la ley, Martínez Lozano señala que “la ley se queda corta en que garantiza, pero no promueve porque no es una ley de políticas públicas donde solo se contempla la estrategia nacional”. 

 

En cuanto a materia LGTBI, González Amago valora muy positivamente que se recoja la transversalidad de la diversidad. “Partiendo del optimismo, me preocupa el aspecto de la vigencia o el interés que próximos gobiernos tengan en mantenerlas o no” ha concluido González Amago. 

 

A continuación, el vicepresidente de la PTS y presidente de EAPN España, Carlos Susías, ha examinado el Tercer Sector de Acción Social, como agente por la igualdad y contra la discriminación. Durante su ponencia ha destacado su apuesta por “predicar con el ejemplo”. 

 

Por último, la directora ejecutiva del Cermi Estatal, Pilar Villarino ha hecho un resumen de las conclusiones del conversatorio y ha dado paso a la clausura del mismo junto con el vicepresidente del Cermi Estatal y presidente de salud mental España; Nel Anxelu González Zapico, quien ha advertido de que las entidades del Tercer Sector “estaremos vigilantes para el cumplimiento de la ley y para evitar dobles interpretaciones”. 

 

En su intervención final, Villarino ha destacado que “este nuevo instrumento jurídico de defensa de derechos humanos ayuda a fortalecer las alianzas del propio Tercer Sector, esenciales e indispensables para poder implantar y vigilar que se aplique esta ley”.